La Reindustrialización Por Kelder Toti

En cinco años puede lograr estatus de país industrializado 
Esa es la meta de la política industrial del Gobierno 
Se busca el reimpulso de la industria automotriz mediante un conjunto de subprogramas.



Caracas. Venezuela puede alcanzar en el mediano plazo un grado de industrialización tal que le permita ser considerado un país industrializado en el concierto del mundo.

Ese aserto puede parecer un sueño, pero en realidad el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de la Producción y el Comercio, del Viceministerio de Industria, desarrolla una política industrial orientada hacia ese meta.

El viceministro de Industria, Víctor Álvarez Rodríguez, agrega que siempre que se cumplan previamente dos grandes objetivos, que analizaremos más adelante, Venezuela podrá avanzar hacia el logro de la tercera gran finalidad de la política industrial: la reindustrialización, proceso que persigue elevar a no menos de 20% del Producto Interno Bruto, PIB, el aporte de la industria manufacturera a la riqueza nacional. Un país es calificado como industrializado cuando su aparato industrial contribuye con, al menos, el 20% del PIB.

En síntesis, las metas fundamentales de la política industrial son: exportaciones no tradicionales hasta por $7 mil millones anuales en los próximos cinco años; generación de por lo menos un millón de empleos en el sector industrial, y participación de éste con no menos del 20% en el PIB.

Antes de alcanzar las metas referidas, el Gobierno se propone que Venezuela, en un período de 18 meses, pueda recuperar el grado de desarrollo industrial que tenía antes de 1989, es decir, hasta cuando se inició el proceso de apertura.

Hasta ese entonces, la industria contribuía con el 18% al PIB. Actualmente sólo aporta el 13,8%.

El aporte de la industria se ha desplomado.

Tareas. Para alcanzar la meta final de la política industrial se requiere el cumplimiento de imprescindibles tareas previas.

La primera es el proceso de reactivación industrial, que significa la recuperación de la actividad productiva tras la profunda caída registrada en la última década, al punto de que la capacidad ociosa de la industria oscila entre 50% y 60% en la actualidad.

Hay empresas que están trabajando dos o tres días semanales porque perdieron mercado.

En consecuencia, se han tomado un conjunto de medidas para rescatar la producción nacional. Entre éstas se halla, en primer término, el decreto de compras gubernamentales ("compre venezolano"), promulgado a principios de agosto pasado. Este decreto instruye de modo preciso a ministerios, institutos autónomos, empresas estatales, gobernaciones, alcaldías, para que prefieran la producción nacional frente a la oferta importada cuando efectúen sus compras.

La idea es reorientar hacia el mercado interno más de $12 millardos que los entes estatales invierten cada año en la compra de bienes y servicios.

Más medidas. El “compre venezolano” se complementa con otras medidas: normas de etiquetado, certificado de origen, precios de referencia y salvaguardias.

El reglamento de etiquetado (instrumento para combatir el contrabando) y las salvaguardias van dirigidas particularmente hacia los sectores calzado y textilconfección.

Se le ha dado prioridad a estos sectores por ser intensivos en empleo, concentran muchas pequeñas y medianas empresas, así como empresas familiares. Además, ofrecen.


Las convulsiones económicas, políticas y sociales a las que se enfrenta Venezuela como
nación desde finales de la década de 1980, exigen la adopción de políticas "agresivas"
de carácter general y específico acordes a un nuevo paradigma de desarrollo enmarcado
en el contexto de globalización mundial.  El precipitado abandono de un modelo de
industrialización por sustitución de importaciones, que había perdido vigencia a causa
de desviaciones en sus propias instituciones, pero que sin lugar a dudas creó un espacio
altamente dinámico, sin haber  diseñado y ensayado un esquema sustitutivo apropiado
al país y sus circunstancias, ha originado una profunda caída simultánea de las
inversiones, del empleo y por consecuencia del producto nacional. La pérdida de legitimidad en las instituciones, de fuentes de trabajo y de confianza en las organizaciones
llamadas a regir los destinos del país, sólo podrán reencauzarse con el establecimiento
de políticas de Estado que aúnen los intereses de los diferentes sectores del quehacer
nacional en un programa sustentable de desarrollo a largo plazo y sucesivas, que
permitan hacer los ajustes de rumbo cuando éstos sean requeridos. De allí que, al igual
que ha ocurrido en otras regiones del mundo que son asumidas como modelo, la
reindustrialización presenta ventajas y beneficios que están disponibles para la transformación integral del país. El presente  trabajo constituye una exploración sobre los
aspectos que han intervenido fundamentalmente en el desarrollo nacional durante el
pasado medio siglo (1950-1999).

Redacción Finanzas Digital.- Para el presidente de Conindustria, Eduardo Garmendia, el inversionista en Venezuela actualmente tiene un cerco para realizar cualquier actividad productiva.

Durante su ponencia en el Foro “Mercado cambiario: de dónde venimos y hacia dónde vamos” (organizado por el IESA), Garmendia señaló que la inversión real en el país ha venido cayendo en los últimos años y comentó que los problemas relacionados con la escasez de materia prima, los conflictos con el capital humano y las dificultades con el acceso a la energía eléctrica son los tres aspectos que generan la crisis en el sector industrial.

Refirió también que ante esta situación, el sector industrial tiene dos opciones: inmovilizarse o pensar en el futuro; y reiteró que Conindustria apuesta por la reindustrialización del país.

Indicó que es necesario una reforma del marco legal que vele por la productividad industrial más allá de la fijación de salarios.

“Frente a esta coyuntura tenemos que saber que en algún momento vamos a cruzar la esquina y tenemos una responsabilidad con el país y con el desarrollo de estrategias claras para no incurrir después en los mismos errores”, afirmó.

Garmendia subrayó que hay que anticiparse al “tsunami cambiario” y aseguró que la estrategia de mirar al futuro que plantea Conindustria debe trascender del sector y llegar a todos los ámbitos económicos.

  En Venezuela se están debatiendo y se va a
debatir con más fuerza dos grandes proyectos
de Estado:
– Uno representa lo viejo: el modelo estatista
– El otro, lo nuevo: la coexistencia de un Estado fuerte
en lo regulatorio con un sector privado igualmente
fuerte
• Ese nuevo proyecto, ejecutado por la alianza
nacional, debe asegurar la estabilidad del paí

  La gran ventaja comparativa está en el petróleo; palanca de desarrollo
– El mundo como nuestro mercado: los nuevos actores de la
economía mundial.
• Diversificación de la economía:
– Reindustrialización de Venezuela
– Reimpulso de la actividad agropecuaria
– Creación de las zonas especiales de desarrollo
• Estabilidad macroeconómica: políticas fiscal, monetaria y cambiaria
• Reforma de la seguridad social
• La descentralización administrativa y fisca
 El gran proyecto nacional en Venezuela sigue
siendo cómo usar eficientemente el petróleo:
– Dos grandes visiones:
• Reparto del ingreso y empresas estatales
• Promoción del desarrollo: transformar el ingreso que produce
la riqueza natural en riqueza colectiva
• Ese gran proyecto, para que sea viable, lo debe
realizar una alianza nacional
• El esquema de controles gemelos de
cambio y de precios se mantendrá.
– Levantar el control de cambios puede llevar a
una crisis financiera y fuerte depreciación del
bolívar.
– Levantar el control de precios implicaría tasas
de inflación muy elevada


Control de precios
Control de cambios
Control sobre las tasas de interés y
comisiones bancarias
Control sobre salarios y otros precios como
vivienda

El economista Víctor Álvarez, integrante del Centro Internacional Miranda, advirtió que la reindustrialización del país pasa por una política que combine incentivos arancelarios, fiscales, financieros, capacitación técnica productiva, suministro de insumos al sector transformador, entre otras acciones, en particular a la agricultura y la industria. 

Señaló que en un plazo de 5 años Venezuela debe incrementar de 7 mil a 28 mil establecimientos industriales, que ayudaría a generar empleo productivo, producción nacional y diversificar la oferta exportable. 

Explicó que en la actualidad Venezuela tiene 0.25 establecimientos industriales por cada mil habitantes, mientras que Colombia tiene 1.2 por cada mil habitantes; México, 1.7; Argentina, 1.9; Brasil 1.2. 

A su juicio, la reducción del parque industrial estuvo vinculada con el anclaje cambiario, que permitió abaratar las importaciones, desplazando la producción nacional. Dijo que "en adelante está planteado mantener el control de cambio, pero flexibilizando la política. Abandonar el anclaje cambiario, por ajustes periódicos del tipo de cambio".

Reconversión industrial, en el contexto de la salida de la crisis de 1973, un conjunto de políticas de reconversión del sector secundario simultáneo y complementario al de reindustrialización, que duró toda la década de los 80, siendo ambos las dos vertientes de un proceso conjunto de reestructuración industrial. Se puede definir como la adopción de medidas de política económica para intentar ayudar a que converjan la oferta y la demanda en el mercado en los sectores en crisis. Es la política adoptada para atajar la crisis industrial. Tiene dos vertientes complementarias: La primera es la reconversión industrial de las empresas en crisis, con medidas como la reducción de la producción y de la plantilla, el saneamiento financiero, nuevos sistemas de organización y gestión, etc... La segunda vertiente es la reindustrialización mediante la modernización tecnológica de los sectores viables y la creación de actividades de futuro que diversifiquen la industria. Ambas actuaciones se abordaron con ayudas estatales, financieras, fiscales y laborales; se crearon las ZUR (Zonas de Urgente Reindustrialización) y las ZID (Zonas Industrializadas en Declive).

Respondiendo al planteamiento general marcado por la OCDE a partir de 1975 para su aplicación a las economías de los países industrializados, pretendía ser un tratamiento de choque intensivo y a corto plazo, que reformara las industrias más afectadas por la la crisis para garantizar su competitividad. Se intentó ajustar la oferta a la demanda mediante la eliminación del exceso de capacidad, cerrando instalaciones y ajustando las plantillas laborales con todo tipo de medidas (regulación de empleo temporal,despidos definitivos, prejubilación, etc.).

De cara a la producción futura, las unidades industriales que se mantuvieran deberían adaptarse al nuevo ciclo tecnológico y al mercado, reorientándose en productos de mayor demanda, sin intentar competir en los sectores maduros, tanto pesados (siderurgia,construcción naval, minería) como ligeros (textil), con los menores costes laborales de los nuevos países industrializados; y aplicando nuevos sistemas de organización y gestión.

La reconversión industrial en España

En 1974, España era la décima potencial mundial a nivel industrial, pero las debilidades del sector eran más que patentes.

En el caso de España el proceso de reconversión industrial significaría el desmantelamiento de buena parte de la industria pesadamás obsoleta que se había ido construyendo desde la autarquía de los primeros años del franquismo en torno al INI, concentrada en determinadas zonas con un tejido industrial más sensible y menos diversificado, como por ejemplo Asturias, que se ha calificado demonocultivo industrial (HUNOSA, ENSIDESA), la ría de Bilbao (Altos Hornos de Vizcaya, AHV), Sagunto (Altos Hornos del Mediterráneo, AHM), Ferrol (astilleros públicos tanto militares como civiles) Cartagena (astilleros e industria química) o la bahía de Cádiz (astilleros). La coincidencia en el tiempo con la muerte de Franco y el inicio de la Transición Española hizo que aplazaran políticas impopulares por el temor a la conflictividad social correspondiente. También influyó el hecho de que el boicot petrolífero de laOPEP en el momento inicial de la crisis no afectara a España, por ser un país que no reconocía a Israel.

Las políticas de reconversión, por tanto, se tomaron a partir de los años 1980. Estas medidas se tomaron en España en 1981, con retraso respecto a los restantes países industrializados de Europa, y supusieron recortes importantes en la capacidad productiva de las empresas de los sectores más tradicionales en crisis (naval, siderurgia, etc.), para lo que se intentó canalizar la producción hacia otras nuevas ramas industriales con mejores expectativas.

La reciente literatura sobre el desarrollo económico muestra que los países que han logrado sostener a largo plazo altas tasas de crecimiento del PIB, son aquellos que han emprendido constantes procesos de transformación productiva, y mantenido crecientes y altas tasas de inversión en educación, ciencia, tecnología e innovación. Colombia no es uno de ellos. Su crecimiento promedio en los últimos 50 años es solo de 3.5%, y su ingreso por habitante es muy inferior respecto a naciones que emprendieron al mismo tiempo la ruta al desarrollo y al bienestar, sin pausa y sin plegarse a fe ciega a reformas estándar. Organismos multilaterales como el FMI ya reconocen que se equivocaron al no considerar las especificidades de cada economía en sus recetas iguales. Demasiado tarde con demasiados daños.

En una economía como la de Colombia, el salto se lograría a través del ingreso a nuevas actividades de alto valor agregado en sectores existentes, y en nuevos sectores y actividades de alto contenido tecnológico. Es una senda cuya construcción toma tiempo y por tanto sus efectos no son inmediatos, pero continuar produciendo más de lo mismo y de la misma manera es condenar a la sociedad a una condición de rezago y a otro siglo de soledad.

Para que el salto suceda se requiere avanzar hacia una moderna política industrial y de innovación (PINN) pensada para mejorar condiciones que hagan más competitiva la producción nacional, dando un salto en la estructura productiva para salir del estado constante de baja productividad en el que se ha mantenido en las últimas dos décadas.

El desarrollo productivo no solo requiere ordenar y cambiar ciertos factores productivos. Es algo más complejo y tiene que ver al mismo tiempo con cambios políticos para que ocurran cambios en las políticas de educación y de ciencia, tecnología e innovación, pero también en la cultura y en el desarrollo de las regiones, y así construir instituciones incluyentes para un nuevo modelo de desarrollo dinámico, que permita crecer a tasas superiores al  6, 7, 8 % anual durante un largo periodo.

La producción nacional de Colombia se fundamenta en las industrias de maquila, en sectores de bajo contenido tecnológico, en producciones de minería de enclave, y en servicios dependientes de tecnologías importadas, por lo cual, la innovación, el conocimiento, la creatividad y el desarrollo endógeno de los territorios no están al frente de las políticas de crecimiento. Con este modelo económico y productivo solo es posible crecer en un promedio de 4.0% por año sin generar un salto de calidad como sociedad.

Colombia dispone en el presente (2013) de una política para incrementar exportaciones y conquistar nuevos mercados en sectores y actividades existentes, y se insinúa la urgencia de un profundo movimiento de transformación productiva, tecnológica y cultural.

En sentido estricto, las orientaciones y el enfoque de política que ahora se tienen corresponden a una fase inicial hacia una moderna política industrial y de innovación, cuyo siguiente paso debe concentrase en el cambio estructural, en el conocimiento y en la creatividad, y en el desarrollo de las regiones, para modificar y profundizar la especialización mediante estímulos a la diversificación, a mejorar factores de localización, y a la emergencia de nuevas actividades con posibilidades de innovación y conquista de mercados.

Sectores productivos y áreas tecnológicas

Aspecto crucial y medular en la conceptualización y diseño de una política industrial para la transformación productiva, alude a definir sectores y actividades en torno a los cuales se estructura el desarrollo del sistema productivo y el avance del Estado y de la sociedad. Decisiones correctas en la materia determinan objetivos, alcances, estrategias, programas y políticas complementarias, entre ellas, la de ciencia, tecnología e innovación, porque es a partir de la política industrial que se definen las áreas tecnológicas que coadyuvarán al desarrollo de sectores productivos relevantes y de todo el sistema económico.

Entonces, una política de innovación es complementaria a la política industrial y por eso las dos se integran en un concepto de política industrial y de innovación. Esta es la razón por la cual los países que han definido sectores o actividades principales, han perfilado al mismo tiempo las áreas tecnológicas relacionadas con esos sectores y actividades.

A partir de la política industrial también se delimitan acciones adicionales de la política de investigación y desarrollo tecnológico (I+D+i) para generar las mejores condiciones de base y de cultura, para que la innovación emerja con solidez y de manera difundida. Y desde lo regional, los hábitats de innovación - ciudades, regiones y corredores de innovación, así como los clusters, pero también los parques científicos y tecnológicos, centros de emprendimiento e innovación, living labs, entre otros -, se convierten en plataformas de nuevas innovaciones y de nuevos emprendimientos. De igual manera, la política industrial le dice al sistema de educación los desafíos que tiene en cuanto a la formación de recursos humanos y el fomento de una cultura por la innovación, la investigación, la creatividad y el emprendimiento.

Un nuevo enfoque de política para la reindustrialización

Una política industrial y de innovación PINN de nuevo tipo, que también se puede llamar de desarrollo productivo y de innovación PPINN (las nuevas políticas aluden al desarrollo industrial y puede incorporar actividades primarias y de servicios según las características de cada economía), combina acciones transversales para sentar las bases de apoyo a toda la economía: esas acciones transversales pueden ser infraestructura, capacitación, régimen laboral, reglas claras y de largo plazo a la inversión, política de competencia, seguridad, justicia, entre otras; y acciones verticales referidas a diseñar una estructura productiva donde hay estrategias para sectores y actividades A, sectores y actividades B, sectores y actividades C, apoyadas por la política de ciencia, tecnología e innovación (CTeI) con programas para impulsar áreas tecnológicas que desarrollen la especialización productiva. Sin embargo, las dos agendas se sincronizan es en torno a la agenda de acciones verticales, es decir, los sectores y actividades para el cambio estructural.

Este enfoque es distinto a la idea de política industrial de hace décadas, donde los estados concentraban su apoyo en pocos sectores industriales, y es distinto al que ha imperado en Colombia mediante el cual se debe apoyar por igual toda actividad, como si producir bienes para la construcción (Organización Corona) fuera igual a producir gaseosa (Postobón), si producir productos lácteos (Alpina) fuera igual a desarrollar software (los Parquesoft o Ruta N), si producir palma africana (Indupalma) fuera igual a producir barcos (Cotecmar). Nunca, y no hay un solo ejemplo en el mundo desde la revolución industrial, donde un país se desarrolló o está emergiendo con dinamismo sin hacer apuestas sectoriales acompañadas de desarrollos transversales. Cualquier lectura que se haga en sentido contrario es política y teóricamente equivocada y hace mucho daño, además de aumentar la incertidumbre sobre el rumbo del sistema productivo, de la innovación y el emprendimiento.      

Todo lo dicho implica tener una idea diferente de la importancia de una política de este tipo y de su relación con otras. La siguiente figura sugiere un esquema de desarrollo teniendo como centro la política industrial y la innovación, porque hay periodos en la historia del desarrollo de las naciones en los cuales el cambio estructural y el ramal de políticas que lo acompañan, deben ser prioritarias en las políticas de Estado.

La figura sugiere al 2018 ajustes profundos a la política para la competitividad y la innovación con base a visiones de mediano plazo (2032) y de largo plazo (2040 - 2050), nuevos acuerdos y arreglos institucionales, incentivos de localización antes que económicos, redefinición del enfoque de la política macroeconómica para que sea funcional al cambio estructural, es decir, menos perezosa y ortodoxa, y más comprometida con el desarrollo y menos con los equilibrios para un crecimiento medio sostenido producto de modelos estándar, que no conducen a crecimientos altos y sostenidos, ni generan desarrollo ni equidad.

Por eso, el almendrón de las políticas de Estado para el posconflicto lo conforman la política industrial y sus sectores y actividades estratégicas, el impulso de la innovación a partir de la ciencia, la tecnología y la educación, y el abandono del actual modelo de descentralización por uno de autonomía de las regiones. Todo en función de los desafíos de una sociedad moderna e incluyente con un sistema productivo sofisticado. Ese es el rumbo que debe tomar Colombia en la década del posconflicto y para un periodo posterior de nueva sociedad, nueva democracia y nueva política.

Pero, darle relevancia a la política industrial y a la innovación conlleva cambios culturales: en las mentalidades, en el enfoque de las políticas, y en un sentido de identidad o de densidad nacional^[1] a partir del cual fluya la creatividad, la innovación y la transformación productiva, social y cultural.

El cambio no es asunto de instrumentos dispersos ni de modelación económica, es ante todo un cambio en la cosmovisión de los actores pues de ahí emanan las nuevas instituciones y el nuevo modelo de desarrollo. En Colombia, una transformación cultural no ha ocurrido, en consecuencia, no hay cambio en el sistema productivo y de innovación. Estas transformaciones son las más urgentes de impulsar ahora que viene el posconflicto. El letargo de Colombia respecto a nuevos paradigmas es grande, como si el reloj de la evolución y de los medios se hubiera parado, y como si nunca hubiese llegado la hora de la cultura, de la innovación, de la equidad y del desarrollo. 

Puesto 69 en la competitividad mundial, desarrollo de sectores periféricos y no de sectores del núcleo central de un sistema productivo avanzado, en consecuencia, exportaciones de enclave, y 0.20% de inversión en ciencia y tecnología respecto al PIB, son expresiones de la inacción, de la falta de ideas, y del fracaso de los políticos y de las políticas en una tierra de tanto dolor pero de tantas oportunidades perdidas. Es hora de nuevas caras con nuevas ideas ahora que se avecina la paz y por tanto la obligación de construir una nueva sociedad.

¿Vender Isagén?

En el contexto de una política industrial y de innovación, y considerando que la energía es uno de los sectores del Programa de Transformación Productiva, no se debe vender Isagén, porque es un sector estratégico para una economía emergente que debe considerar la energía como un sector de servicios a la sociedad, de mejorar la competitividad de la economía y contribuir a la diversificación y a la productividad del sistema productivo. Es una contradicción vender Isagén al mismo tiempo que hace parte del Programa de Transformación Productiva, porque si no cabe preguntarse ¿qué tipo de sector energético está desarrollando Colombia? ¿Qué tipo de política de transformación productiva tiene el país? Coherencia y consistencia deben caracterizar las acciones de un buen Gobierno.

En el supuesto de que se venda la hidroeléctrica, esa plata debe destinarse a un fondo para la política industrial y de innovación, en educación superior e investigación básica, y en hábitats de innovación como ciudades de innovación, parques científicos y tecnológicos, y centros de emprendimiento e innovación, y no en unos pocos kilómetros de carreteas.

Si Colombia quiere multiplicar a la N las exportaciones industriales, sobre todo en sectores intensivos en conocimiento e innovación, y mejorar los factores de localización para atraer inversión de alta tecnología, debe invertir en capacidades, y eso tiene un valor inmenso equivalente a duplicar los recursos del MCIT, de Proexport, para una política nacional de emprendimiento que ahora no existe (Innpulsa solo es un instrumento), llevar la investigación al 1% del PIB, y triplicar los recursos de Bancoldex para que sea un verdadero banco de desarrollo. Nunca se supo a donde fue a parar la plata de las privatizaciones en estos 23 años de apertura, porque todo se diluyó en el hueco sin fondo de la política macroeconómica. Colombia se vendió y nada quedó.